Los chaparrones otoñales y el Impuesto sobre Patrimonio

Octubre 24th, 201110:40 am @

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En una playa de Nerja, alumbrada por el cielo encapotado de septiembre, un adolescente corría gritando la terrible noticia: “¡Chanquete ha muerto!”. Aquella escena daba por terminado el verano y anunciaba los chaparrones del otoño. Pero, este año Pancho debería anunciar la recuperación del Impuesto sobre Patrimonio.

Todos conocemos los marasmos financieros y fiscales que sufre España, abocada a financiar su déficit con el bolsillo de sus contribuyentes, una vez que parece palpable el hecho de que los prestamistas internacionales no están por la labor de seguir volcando dinero a este lado de los Pirineos. O, al menos, no a un interés razonable. Ante las insistentes voces de que la crisis “han de pagarla los ricos”, (sean quienes sean, allá donde se encuentren), el Gobierno ha decidido reactivar el temido Impuesto sobre Patrimonio, dado que la inminencia de las elecciones ha impedido el estudio de un nuevo tributo ad hoc.

Al contrario de lo que solía decirse, en 2008 el Gobierno no eliminó el Impuesto de Patrimonio, sino que lo introdujo en un extraño limbo tributario al aplicar una bonificación del 100% y derogar el artículo que establecía la obligación de presentar su modelo. Por lo tanto, el impuesto realmente seguía vigente, y resucitarlo como medida de control del déficit no ha sido complicado.

No obstante, en 2007, último año de su vigencia, el Impuesto de Patrimonio recaudó unos 1.400 millones de euros. Para poner esta cifra en perspectiva, esto es más que las indemnizaciones por cesantía de los atribulados consejeros de nuestras Cajas de Ahorro, pero menos que el coste del aeropuerto de Ciudad Real. Al relativamente bajo  poder recaudatorio que tenía este impuesto, hay que añadir ahora dos factores que lo reducirán aún más: por un lado, la recaudación de 2007 se realizó tomando en cuenta saldos bancarios, bienes suntuarios y, en definitiva, situaciones patrimoniales más boyantes que las que ahora presentarán esos mismos contribuyentes; en segundo lugar, el mínimo exento fijado de 700.000 euros, también va a suponer una importante merma en su recaudación.

Por tanto, siendo obvio que la recuperación del Impuesto de Patrimonio no va a tener efecto sanador alguno en nuestras cuentas públicas, su recuperación podría interpretarse como una medida dirigida a poder afirmar que “ya le hemos apretado las clavijas a los ricos”. La oposición puso el grito en el cielo por la recuperación de este impuesto, pero acaso la visión de las telarañas en las arcas autonómicas, y una rápida cuenta echa con los dedos, ha dejado su indignación en un mero murmullo. Aunque inicialmente abogó por su eliminación, los distintos gobiernos autonómicos finalmente han realizado un lacónico comunicado de prensa diciendo que, dado que este Impuesto va a estar vigente en 2011 y 2012, sólo “lo dejarán morir en paz”.

En otro orden de cosas, el impuesto de patrimonio podría agravar la desigualdad fiscal de los ciudadanos españoles, ya que el mínimo exento de 700.000 euros sólo opera para aquellas Autonomías que no hayan legislado al respecto. Paradójicamente, en Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia y Madrid, gobernadas por distintos partidos, el mínimo exento es sensiblemente inferior a los 700.000 euros que rige para las comunidades que no han establecido un mínimo propio. Si estos gobiernos no mueven ficha antes de fin de año, el Impuesto sobre el Patrimonio afectará a muchas más personas que a esos ricos a los que han apretado las tuercas.

El problema es que los ricos, pero los ricos de verdad, nunca han pagado Impuesto sobre Patrimonio, pues los grandes bufetes de abogados y fiscalistas (entre ellos Grant Thornton, evidentemente), pueden blindar los grandes patrimonios empresariales, con todas las bendiciones de la Ley. El motivo es sencillo: los ricos lo son, normalmente, porque han conseguido su patrimonio mediante actividades empresariales. Tienen dinero, sí, pero más que liquidez lo que tienen es una empresa. Si se exigiera que pagaran el Impuesto de Patrimonio por el valor de las acciones de su compañía, se les estaría pidiendo, en esencia, que descapitalizaran su empresa para poder hacer frente al tributo, lo cual sería altamente contraproducente. A corto plazo tal vez se podrían pagar esos aeropuertos que últimamente se han inaugurado aquí y allá, pero se estaría comprometiendo la máquina de generar riqueza de un país: las empresas de su sector privado. Teniendo en cuenta que, en España, el motor productivo lo componen las empresas familiares, la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio siempre ha dejado exentos los títulos de estas empresas en manos de sus propietarios. Y nada ha cambiado en el “nuevo” Impuesto, que a la sazón mantiene las viejas exenciones para la empresa familiar.

Queda por ver si, de aquí a final de año, las distintas autonomías que introdujeron en su momento un mínimo exento propio, y a las que no cubre este mínimo de 700.000 euros, mueven ficha y equiparan este mínimo al estatal o si, por el contrario, aprovechando el marasmo político de este otoño y que el Pisuerga pasa por Valladolid, dejan a sus contribuyentes aún más expuestos a este tributo de quita y pon.

José María Rubio
Gerente de Fiscal en Grant Thornton